Veinte organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales presentaron el informe “JUSTICIA PARA SAN JOSÉ DEL PROGRESO”, generado a partir de una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos realizada a finales de 2012 y actualizado a la fecha. El informe evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos humanos producidas por la imposición del proyecto minero “San José” en los Valles Centrales de Oaxaca, impulsado por la empresa Fortuna Silver Mines desde 2006.
A partir de esta fecha, la empresa con el respaldo de las autoridades estatales y federales han violentado principalmente el derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado; el de información pública; el respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio, el derecho a la libre determinación, el derecho a un medio ambiente sano, a la salud comunitaria, al derecho de las niñas, niños y adolescentes, el derecho de las mujeres, el derecho de asociación y reunión, el derecho a la libertad, integridad personal; el derecho de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como el derecho a la administración de justicia, todos reconocidos en instrumentos legales nacionales e internacionales.
La Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, concluye con un conjunto de recomendaciones al gobierno federal, estatal y municipal entre ellos resalta de ponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la Población de San José del Progreso. Por otro lado recomienda a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los habitantes de San José del Progreso.
A las autoridades estatales se les pide que asuman un papel activo en la defensa de los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos por la instalación de megaproyectos en sus territorios, interviniendo en el monitoreo, revisión e interposición de recursos legales para la revocación de concesiones mineras y autorizaciones de Evaluación de Impacto Ambiental otorgados por el Gobierno Federal que no cumplan con las formalidades legales establecidas en las leyes mexicanas y acuerdos internacionales.
Asimismo concluye con denuncias dirigidas al gobierno de Canadá en las cuales recomienda implementar medidas efectivas, legislativas o de otra índole para asegurar que las empresas mineras canadienses sean llamadas a responder ante el sistema de justicia canadiense por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera de su territorio.
Dicho Informe es presentado en el marco de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez destacados defensores del territorio y opositores al proyecto minero. Las organizaciones que suscriben el informe, realizan un reconocimiento de su labor en la defensa de los derechos humanos.
Spanish