Said Hernández
El 14 de mayo del 2011, en el Municipio de Santiago Choapam había sido programada la instalación del Consejo Electoral Municipal, dentro del cual participarían distintos representantes de las cabeceras municipales, ante ello, pobladores de San Juan del Río y Santiago Domingo Latani, se trasladaron a la cita programada para ese día en la cabecera de distrito, en el trayecto a la altura del paraje “El Portillo” fueron cercados por un grupo armado, el cual abrió fuego a las camionetas en las que viajaban, con resultado de 10 personas muertas y 16 heridos, entre ellos 9 de gravedad.
La masacre de Chopam cumple hoy tres años, sin que a la fecha existan responsables del violento hecho. La impunidad y el dolor de familiares de los extintos llegaron a la desesperación en la exigencia de justicia.
En conferencia de prensa, familiares de las víctimas, solicitaron al Procurador General de Justicia del Estado (PGJEO) de un informe detallado del avance de las averiguaciones previas en torno al caso, así también se liberen y ejecuten las 12 órdenes de aprensión contra los probables responsables, que quedaron pendientes desde hace tres años.
“Las personas que hoy señalamos y exhibimos en estas fotografías son los responsables de la masacre, ellos estuvieron en el lugar de los hechos, exigimos sean aprendidos y se les aplique todo el peso de la Ley ante esta acción cobarde que solo ha traído desamparo y dolor a nuestra familias. Enrique Peña Nieto, Presidente de Nuestro País, le pedimos voltee la mira a nuestro municipio y se haga justicia”, señaló Maricela Silva López.
Por su parte, Eva López Castro advirtió que de continuar la indiferencia de las autoridades encargadas de la aplicación de justicia, iniciaran movilizaciones al interior del Estado de Oaxaca.
“Son señalamientos directos, aquí está la lista de todos los que tienen orden de aprehensión, sin embargo, no se hacen efectivas. Tenemos todos la pruebas, el caso del señor Wiciel Luciano Díaz integrante de la Sección 22 es el primer responsable”, dijo López Castro.
Por último, los familiares denunciaron que las pruebas en la zona de la masacre, fueron borradas con una retroexcavadora por personas de la cabecera municipal en compañía de elementos policiacos.
Cabe mencionar, en voz de los afectados, que una posible causa de la masacre es la repartición de los recursos del ramo 28 y 33 que nunca llegan a las agencias municipales.
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