– Ambientalistas y organizaciones sociales se declaran en alerta ante el anuncio del ejecutivo.
– Existe un amparo y protección de la justicia federal para las 111 hectáreas de reserva ecología, donde se expresa que nadie puede continuar o hacer alguna edificación o construcción.
Julisa Sánchez
La Costa oaxaqueña se convierte nuevamente en campo de defensa y resistencia por parte de pobladores, ambientalistas y organizaciones sociales, luego del anuncio y respaldo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, al proyecto “Punta Colorada”, reserva ecológica de 111 hectáreas que se pretenden destruir para dar paso a la construcción de un nuevo fraccionamiento.
El temerario mensaje del ejecutivo estatal, se dirige a la violencia del mandato federal en el sentido de que el área natural se encuentra amparada por el Juzgado Séptimo de Distrito en el expediente 681/2023, donde la sentencia determina la suspensión para que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guarden, ordenando a las autoridades responsables abstenerse a otorgar cualquier tipo de licencia, permiso, autorización o similares con el propósito de autorizar cualquier tipo de construcción dentro del área correspondiente a la Playa Punta Colorada.
Además el argumento federal se extiende contra cualquier derribo de árboles, es decir flora y fauna que habita en dicha playa.
Por ello, señalan que las declaraciones de Salomón Jara Cruz son arbitrarias y constituyen un acto de abuso de poder.
En ese sentido, el pueblo organizado se encuentra listo para evitar que las pretensiones del ejecutivo estatal y los grupos inmobiliarios destruyan la última reserva ecológica de las playas de Puerto Escondido.
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