Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
Tijuana, B.C. – Una pregunta muy sencilla de Carmen Olsen, reportera de Rosarito, inició un intercambio de indirectas muy punzantes de tres contra otras tres colegas. Su zipizape no ganó la noticia, pero si mostró que son recónditas las fisuras entre periodistas de Baja California y que, de seguir así, dificultarán su protección.
Antes de eso, durante 11 horas del sexto diálogo en estados convocado por el gobierno federal para construir una ley general de protección, se había ido conformando una noticia más trascendente:
En Baja California comenzó a construirse, en serio, el primer sistema estatal para proteger a personas periodistas y defensoras de derechos. Y ya comenzó a dar resultados, aunque todavía incipientes.
Además, hubo otra novedades, en comparación con los cinco diálogos anteriores realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Tepic y Cuernavaca.
Lo distinto del sexto diálogo.
Lo similar aquí fue que la convocatoria y algunas invitaciones directas, sobre todo a personas beneficiarias del mecanismo federal de protección, las hizo la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob); algo parecido realizó la subsecretaría análoga del gobierno de Baja California.
Pero, como en otros diálogos se oyeron al menos cinco quejas de que se avisa con poca antelación y que la información pública es insuficiente. Eso, se repitió, “impide que lleguen más interesados”. Igual reapareció, como lugar común que “el Presidente agrede verbalmente a los periodistas en la mañanera”.
Como lo hace en cada diálogo, el director de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Segob y coordinador de esta campaña nacional por la nueva ley, Enrique Irazoque inició con una introducción general de los anacronismos de la ley actual y de la necesidad urgente de contar con una que alcance a las autoridades de todos los niveles.
Irazoque también actualizó los datos de las personas protegidas por el mecanismo federal. Hasta el 17 de mayo el total de beneficiarios era de 1,570; periodistas 324 (144 mujeres) y personas defensoras 1,046 (556 mujeres). Y aseguró que su gasto total en 2022 será, como nunca, de 1 mil 22 millones porque el gobierno federal carga con casi toda la responsabilidad de protección.
De lo diferente resaltó que llegaran aquí casi todos los funcionarios estatales involucrados en la defensa de los derechos humanos y dialogaran durante los dos mediodías:
Resistió y respondió a casi todo Melba Adriana Olvera, subsecretaria para defensa derechos humanos; le apoyaron Julia Andrez Rosales, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; la diputada
Evelin Sánchez, responsable en el Congreso de los derechos humanos; Sara González de la Comisión de Atención a Víctimas estatal, dos representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
También se distinguió en este foro una presencia menor de representantes de organizaciones de defensores y activistas del estado, quizá por eso no predominaron las quejas y protestas de violaciones y abusos como en otros foros.
Y en contraste, aquí se sintió mucho más la participación de al menos 24 periodistas locales, y que aparte de reclamos, en varios casos llevaron propuestas muy concretas. Pareciera que, como gremio adoptan el perfil de sujetos activos para su autoprotección y dejar ser objetos pasivos de protección, de los que solo reaccionan con protestas ante asesinatos.
Lo novedoso y trascendente
A juicio del reportero que ha seguido presencialmente casi todos los diálogos destacaron tres aspectos que no se habían visto o escuchado:
1.- Se asesinaron a más periodistas en los sexenios anteriores. Irazoque informó públicamente, por vez primera, que el número de periodistas asesinados en el sexenio de Felipe Calderón fue de 101 (14 mujeres), que en el de Enrique Peña Nieto el total fueron 96 (12 mujeres) y en el tiempo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador suman 58 (6 mujeres).
2.- Se articula el sistema estatal de protección. La subsecretaria estatal de derechos humanos, Melba Adriana Olvera, durante los dos días repitió que no existe una ley estatal de protección pero que el 28 de enero la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda emitió un decreto para crear el mecanismo estatal; que ya se integró su consejo directivo; que en la primera semana de mayo éste aprobó su guía o protocolo de actuación y, lo más importante, es que ya se han firmado convenios de colaboración con los municipios, con la fiscalía estatal, con el poder judicial.
La firma de convenios de coordinación entre el gobierno estatal con los de municipios y otros poderes, que se sepa, no ha ocurrido en ninguna otra entidad de la federación. De lograrse, este sería el primer sistema estatal de protección para defensores y periodistas. Aunque apenas inicia la creación de dinámicas y a pesar de funcionar sin presupuesto directo se informó que 24 personas ya están bajo su protección (12 periodistas).
3.- Formalizan peticiones y debate para separar legalmente a periodistas de defensores y de comunicadores improvisados. Aunque se ha mencionado en otras entidades periodistas propusieron aquí, más de 5 veces, que es indispensable modificar la definición de periodista porque en la ley actual abarca a todo usuario de la libertad de expresión.
Entre las razones que expusieron sobresalen que los periodistas en labor de reporteros son los más castigados en todo el país por sus debilidades como trabajadores y por las reacciones de violencia de servidores públicos y de la delincuencia organizada; que debe distinguirse, a quienes hacen esta labor sistemáticamente con suficiente formación académica o experiencia, de los improvisados o eventuales comunicadores y opinadores y que, además se benefician con la protección federal que otros si necesitan.
Otro argumento reiterado fue que, incluso hubiera dos leyes, una para periodistas y otra para activistas por derechos, porque “somos poblaciones con actividades muy distintas para los que se requieren diferentes evaluaciones de riesgos y medidas de protección”. Esto será tema de debate para la nueva ley.
La Trifulca entre periodistas y el fondo
A las 13:12 horas del segundo día del dialogo pidió la palabra la reportera Carmen Olsen, recién llegada de Rosarito. Preguntó a Araceli Domínguez cuándo dejaría el puesto en el Consejo Consultivo del
Mecanismo federal de protección que ocupa, dijo, desde 2014 y que nunca ha informado a sus colegas de Baja California, ni los defiende de agresiones y en cambio sí “ha cobijado a delincuentes que se hacen pasar por periodistas.”
Araceli, que estaba al frente desde el primer día, junto a Irazoque y funcionarios estatales, respondió que todo lo que se discute en el mecanismo es reservado y no se puede estar informando. Antes, en el inicio del dialogo ella, sin motivo aparente, había recriminado que había colegas que descalificaban como periodistas a quienes habían sido asesinados y hasta propuso que el primer artículo de la nueva ley prohibiera esa descalificación.
Le respondió quien se identificó como la periodista Isabel: “Tenemos derecho a saber qué hace usted en el mecanismo y usted tiene la obligación legal de informarnos… queremos que esas instancias sean transparentes.”
Le siguió Sonia de Anda, quien es parte del Mecanismo estatal. “Tenemos problemas serios de comunicación. “Es penoso discutir aquí eso –dijo–. Tuvimos que hacer la página y el chat yosisoyperiodista, polo paralelo a la Asociación de Periodistas, porque algunos aceptaban como colegas a voceros del narco, que además promovieron a uno para que lo protegiera el mecanismo. También tienen como miembros a sedicentes periodistas que solo buscan el chayo, que estiran la mano, que chantajean. A esos nosotros los periodistas profesionales no los vamos a defender.”
Apoyaron a Araceli, Bibiana y Ana Julia exigiendo a las demás ser incluyentes y no descalificar a los de redes sociales, “que se respete a quienes quieren informar con un telefonito. No tienen que decirles chayoteros. Tienen que respetar.”
La trifulca duró escasos 15 minutos. Pero algo parecido ya había ocurrido cuando el subsecretario Alejandro Encinas llegó a Tijuana el 24 de febrero por instrucciones del Presidente López Obrador poco después de los asesinatos de Margarito Esquivel y Lourdes Maldonado para firmar un convenio con el gobierno estatal y reunirse con periodistas.
De acuerdo con la nota informativa de Síntesis TV, durante esa reunión “El colectivo Yo Sí Soy Periodista en Tijuana solicitó al subsecretario de Derechos Humanos, un mejor protocolo que proteja la actividad periodística… denunciaron la falta de representatividad de Araceli Domínguez como consejera en el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas, quien ayudó a dar protección a personajes vinculados con el crimen organizado.”
¿Cuáles son los asuntos de fondo por los que se confrontan yosisoyperiodista con la otra corriente? Preguntó este reportero a Sonia de Anda.
— Tuvimos que distinguirnos así, como lo dije en el dialogo, porque no aceptábamos la presencia de personas que reducen la profesionalidad del periodismo, por personas que tienen malas prácticas como presionar, chantajear y ser voceros de grupos de poder y de delincuencia. El colectivo nuestro ahora lo conforman más de cien colegas de Tijuana, Mexicali, Rosarito y de los otros municipios.
— Dos cosas concretas que hemos rechazado fue que Araceli llegó al Consejo Consultivo del Mecanismo con engaños. Pidió firmas de apoyo a colegas para una representación que quería tener en un programa de Freedom House, pero luego presentó las firmas al gobierno federal diciendo que eran quienes le apoyaban para estar en el Consejo Consultivo del Mecanismo. Otra, fue la promoción que ella hizo para que el Mecanismo protegiera a Mariano Soto Cortés, delincuente juzgado, muy ligado a bandas delincuenciales. Nadie de nosotros lo defendió ni hizo protestas cuando lo mataron–, agregó la periodista.
Al respecto, la Agencia Fronteriza de Noticias, informó el 4 de octubre de 2020: “Mariano Rafael Soto Cortez, quien purgaba una sentencia mixta por extorsión, que le permitía estar entre semana en libertad,
murió asesinado esta tarde; se sabe, que por solicitud de la Secretaría de Gobernación, elementos federales le estarían brindando seguridad… Soto Cortez, pretendió entrar al gremio periodístico al crear una página en redes, denominada Tijuana Sin Censura, mediante la cual -aceptó en un juicio que se celebró en su contra–, que utilizaba para extorsionar a diferentes personas, entre éstas a empresarios.”
El resumen de Irazoque
Estas divergencias entre periodista son conocidas ampliamente en el estado. Pero ningún representante del gobierno federal ni del estatal quisieron comentarlas en público. En sentido contrario Enrique Irazoque exhortó en el resumen del dialogo a que prosigan con esa participación intensa, “que se apropien se los procesos en marcha, para que si los funcionarios incumplimos ustedes hagan que eso tenga un costo político”.
Sobre los resultados de la reunión de dos días, Irazoque remató: “da gusto el avance de jalar a los municipios y a otras autoridades a la conformación del mecanismo estatal”. Y, como en los otros foros ofreció apoyar los programas de capacitación que están preparando para servidores públicos, defensores y periodistas.
Pero en el aire si queda la percepción de que las divergencias entre periodistas complicarán más la formación de consensos para la elección de siete integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de protección de Baja California, pero sobre todo dificultarán la formación indispensable de una red de redes de autoprotección en un estado donde vuelve a crecer la violencia que afecta a toda la población y por extensión al ejercicio periodístico. Mirada de reportero.
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