En mayo de 2015 En el Camino publicó la historia de mujeres centroamericanas indocumentadas que fueron presas por el gobierno mexicano, acusadas de trata de personas. Todas ellas sin posibilidad alguna de defenderse. Hoy, con su lucha, las mujeres lograron su libertad, aún falta rescatar a más compañeras.
Por Ángeles Mariscal
Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales, originarias de Honduras, se conocieron en prisión, cuando en el estado de Chiapas habían sido acusadas injustamente del delito de trata de personas. Con el tiempo, se dieron cuenta de la coincidencia que tenían sus casos en las faltas al debido proceso.
Así, desde prisión y sin apoyo de sus consulados ni la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra de Inmigrantes, de Chiapas, se organizaron y consiguieron que un abogado activista, Luis Rey Villagrán, asumiera su defensa desde la perspectiva de los derechos humanos.
La madrugada del sábado 29 de agosto autoridades de Chiapas tuvieron que liberar a las hondureñas Ana Isabel Lobos, Lilian Elizabeth Aguilar y Ángela Moreno; a la mexicana Angélica Monzón y a Azucena Chávez, indígena guatemalteca.
Su reto ahora es conseguir la excarcelación de al menos otras 12 mujeres migrantes a las que la justicia mexicana les falló.
Migrantes indocumentadas y criminalizadas.-
El 26 de mayo de este año, Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales abandonaron la prisión, luego que lograron demostrar irregularidades procesales en sus juicios.
A partir de ese momento, en compañía de Luis Rey Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, emprendieron el camino de la defensa de una treintena de mujeres migrantes originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, presas en cárceles de Chiapas, acusadas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
El trabajo por la liberación de las mujeres continúa sin apoyo de sus consulados.
La coincidencia entre estas mujeres es haber cruzado la frontera con México y en el sur de país, en Chiapas, buscar su subsistencia en uno de los pocos trabajos que les ofrecen, en los bares y cantinas que existen a lo largo de la frontera sur.
“Nosotras llegamos a México migrando de nuestros países. Al llegar acá él único trabajo que nos ofrecen es en bares y cantinas. Y nosotros lo aceptamos libremente porque tenemos que enviar dinero a nuestras familias”, explicó Deyra Elizabeth, cuando el pasado 9 de agosto, participó ya desde fuera de prisión, en la huelga de hambre que al interior del penal de Tapachula iniciaron otras mujeres migrantes acusadas de trata de personas.
Deyra, originaria de Honduras, detalló que al interior de los bares y cantinas donde ellas laboraron no se ejerce la prostitución, a diferencia de otros lugares “a donde la policía no llega, y donde las mujeres realmente son explotadas”.
México y ONU: política discriminatoria.-
Las mujeres migrantes que fueron presas por el delito de trata de personas, llegaron a Chiapas en su viaje rumbo a Estados Unidos, en 2009, el momento en el que el gobierno de esta entidad se unió a la campaña “Corazón Azul contra la Trata de Personas”, que promueve la Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
El gobierno de Chiapas inició con este organismo y con el gobierno de Estados Unidos un convenio de capacitación, colaboración y financiamiento para desmantelar las redes internacionales de trata de personas, con recursos del programa llamado Iniciativa Mérida.
En los últimos años, urgido de dar resultados, el gobierno de Chiapas, inició una campaña de persecución en bares y cantinas, en donde detuvo unos cuantos dueños o encargados de estos lugares, y a casi una centena de mujeres migrantes que ahí laboraban como meseras, ficheras o en el servicio de limpieza y cocina.
Hasta el momento y de acuerdo a los informes de la Procuraduría de Justicia del estado de Chiapas, ninguna de las acciones contra la trata de personas ha pegado a las redes internacionales dedicadas a este ilícito.
Por el contrario, el estudio de casos que hizo el Centro de Dignificación Humana, señala en casi todos los procesos judiciales de las mujeres migrantes detenidas, las acusaciones que el ministerio público dependiente de la Procuraduría de Justicia de Chiapas fincó en su contra, fueron a partir declaraciones de presuntas víctimas -también migrantes-, que no ratificaron su dicho o lo modificaron, y denunciaron haber sido presionadas para testificar en contra de las detenidas.
La persistencia de Karen Vallecillo, Deyra Elizabeth y Santa María Rosales, y el acompañamiento de Luis Villagrán para denunciar este agravio de la justicia mexicana contra las migrantes, les está dando resultados.
El pasado miércoles 26 de agosto los cuatro visitaron el Senado de la Republica, y luego de mostrar las fallas al debido proceso en el caso concreto de 17 migrantes acusadas de trata de personas, lograron que este organismo emitiera un punto de acuerdo para que fueran revisados sus expedientes.
La respuesta fue inmediata, dada la evidencia de la violación a su debido proceso: tres días después, la madrugada de este sábado 29 de agosto autoridades de Chiapas tuvieron que liberar a las 3 mujeres hondureñas Ana Isabel Lobos, Lilian Elizabeth Aguilar y Ángela Moreno; a una mexicana y a una indígena guatemalteca.
“Faltan más por salir de la prisión”, señalaron al recibirlas fuera de la cárcel de Tapachula.
Ellas exigen la no repetición de nuevos agravios contra las mujeres migrantes que cruzan por México.
Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations.
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