Sección 22

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• Acusados por Alejandro Leyva dieron su versión desde Palacio 30 julio, 2026
• René Palacios “El Argentino”, el gran ausente en la crisis por el asesinato del periodista Alejandro Leyva • Nunca da la cara, pero sí da órdenes (de odio) a presidentes municipales de Morena y funcionarios en contra de la prensa crítica. Julisa Sánchez / Tucán El asesinato del periodista Alejandro Leyva no solo ha colocado bajo la lupa las investigaciones sobre el crimen, sino también la estrategia de comunicación del Gobierno de Oaxaca. En el centro de los cuestionamientos se encuentra René Gonzalo Palacios, asesor de comunicación del gobernador Salomón Jara Cruz, conocido al interior de la administración estatal como “El Argentino”, quien hasta ahora no ha comparecido públicamente para responder a las interrogantes surgidas tras el homicidio. Mientras el gobernador Salomón Jara Cruz y el secretario de gobierno, Jesús Romero López, encabezaron una conferencia relacionada con la crisis provocada por el asesinato del columista, la ausencia del responsable de la política de comunicación gubernamental ha sido señalada por periodistas y organizaciones vinculadas a la defensa de la Libertad de Expresión. Desde el inicio de la llamada primavera oaxaqueña, René Palacios fue objeto de críticas por la forma en que se planteó la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Un audio difundido durante los primeros meses del sexenio lo exhibió instruyendo a integrantes del gabinete sobre la manera en que debían conducirse frente a la prensa, hecho que diversos periodistas interpretaron como el inicio de una política de control informativo, descalificación y aislamiento de los medios críticos, a los que desde el gobierno se ha referido como “opositores”. Ese antecedente adquiere una dimensión distinta tras el asesinato de Alejandro Leyva, quien días antes de perder la vida había hecho públicas denuncias y señaló que, de sufrir un atentado contra su integridad o su vida, responsabilizaba al gobernador Salomón Jara, al secretario Jesús Romero López y al área jurídica del gobierno del Estado. En ese sentido será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de determinar si existe alguna relación entre esos señalamientos y el crimen. A la controversia se suma la falta de información pública sobre el ejercicio de los recursos asignados a la coordinación general de comunicación social del gobierno de Oaxaca, dependencia que, de acuerdo con diversas versiones, dispone de un presupuesto de cientos de millones de pesos anuales. La ausencia de explicaciones oficiales ha alimentado las dudas sobre el destino de esos recursos y los criterios utilizados para la relación institucional con los medios de comunicación. El caso también revive antecedentes de agresiones contra periodistas desde el poder. Casos desde el Istmo de Tehuantepec, La Mixteca y los Valles Centrales, dentro de ellos figura la denuncia penal presentada en 2023 por Tucán, Periodismo del Nuevo Siglo, por el delito contra la libertad de expresión en contra de personal de comunicación social del gobierno de Jara Cruz. Tanto la carpeta de investigación 6405/2023 como la queja promovida ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) permanecen sin avances sustanciales, motivo por el cual el asunto ha comenzado a ser planteado ante instancias federales. Para integrantes del gremio periodístico, la falta de resultados en esas investigaciones, sumada al distanciamiento entre el gobierno estatal y los medios críticos por la injerencia extranjera, ha contribuido a generar un ambiente de desconfianza y preocupación respecto a las garantías para ejercer el periodismo en Oaxaca. Por ello, persisten interrogantes sobre la política de comunicación del gobierno estatal, el trato institucional hacia la prensa crítica y la responsabilidad de quienes diseñaron esa estrategia. Finalmente, Periodistas y organizaciones sostienen que mientras no exista justicia en este y en otros casos de agresiones contra comunicadores, así como investigaciones reales sobre las denuncias por ataques a la Libertad de Expresión cometidos por servidores públicos, cualquier mecanismo de protección que se anuncie carecerá de credibilidad y difícilmente ofrecerá resultados. Advierten que, sin combatir la impunidad, esas acciones corren el riesgo de convertirse únicamente en un distractor institucional frente a una problemática que exige respuestas de fondo. www.revistatucan.com Foto: Solteco Reyes 30 julio, 2026
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