La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los congresos estatales de todo el país homologar sus respectivas legislaciones con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con el Código Penal Federal, a fin de lograr una efectiva prevención de agresiones contra la población femenina, incluidos los feminicidios.
En el dictamen, aprobado en votación económica, senadores y diputados destacan que de los 32 estados de la República Mexicana, sólo 20 cuentan con los protocoles previstos en dicha ley, esto a pesar de que la violencia contra las mujeres ha aumentado drásticamente, e incluso se han emitido Alertas de Violencia de Género en los estados de México, Morelos y Jalisco.
En dichas entidades, destaca el documento, “la situación de violencia feminicida es grave”: en el Estado de México se registraron 840 asesinatos de mujeres, entre los años 2011 a 2013; en Jalisco sumaron 151 víctimas tan sólo en el último año; en Morelos, en los últimos 16 años se han acumulado 686 feminicidios.
El dictamen advierte que las agresiones contra las mujeres se expanden a otras entidades. Actualmente se procesan nueve solicitudes de declaratoria de Alerta de Violencia de Género en los estados de Nuevo León, Chiapas, Michoacán, Colima, Baja California, Sonora, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí.
Se refiere que uno de los graves problemas para contrarrestar estos delitos de odio contra las mujeres es que no se reconocen como tales. Sólo el 15.75 por ciento de los asesinatos de mujeres, perpetrados entre 2012 y 2013, es decir, 613 casos de un total de 3 mil 892, fueron investigados como feminicidios.
Esto debido en gran medida a que en diez estados se han creado tipos penales difíciles de acreditar: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala.
En siete entidades más, la acreditación del feminicidio es prácticamente imposible: Tamaulipas, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas.
A la fecha, únicamente 11 entidades del país –Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Campeche, Chiapas, Estado de México y Guerrero– han emitido protocolos en la materia.
Por lo anterior, la Comisión Permanente solicitó a las procuradurías o fiscalías generales de justicia y a los poderes judiciales de las entidades federativas que estandaricen los protocolos de actuación, para investigar y sancionar todas las muertes violentas de mujeres por razones de género, en aras de reducir la impunidad.
Se incluyó una propuesta de modificación, planteada por el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, y el dictamen pide a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del Estado de México que remitan un informe a la Comisión Permanente, sobre las acciones y programas que llevan a cabo para dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en esa entidad.
Además, esta petición se hizo extensiva a los gobiernos municipales de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, lxtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán lzcalli y Chalco.
Al ayuntamiento de Chimalhuacán se le pidió garantizar el respeto a los monumentos contra la violencia feminicida que forman parte de una reparación simbólica, en su dimensión colectiva; y que salvaguarden, de manera particular, las cruces rosas plantadas a orillas del Bordo de Xochiaca.
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