Said Hernández / Tucán
En medio de una creciente presión social y política por el asesinato del periodista Alejandro Leyva, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y el secretario de gobierno, Jesús Romero López, ofrecieron una “conferencia de prensa” en la que rechazaron cualquier vínculo con el crimen que ha conmocionado al País.
Lo que inicialmente fue convocado como una reunión privada terminó convirtiéndose en una conferencia de prensa de casi dos horas, en la que funcionarios estatales respondieron a cuestionamientos de representantes de los medios de comunicación. Algunas preguntas fueron favorables al gobierno, mientras que otras abordaron directamente los señalamientos surgidos tras el homicidio del comunicador.
Durante su intervención, Jesús Romero López negó cualquier participación de las autoridades estatales en los hechos.
“Nosotros no tuvimos nada que ver”, afirmó el secretario de gobierno al referirse a las declaraciones que Alejandro Leyva había realizado desde su columna “El Zumbido del Moscardón” antes de su muerte, en las que responsabilizaba pública y directamente a Salomón Jara Cruz, Romero López y al consejero jurídico del gobierno del Estado de cualquier atentado contra su libertad o su integridad física.
Las declaraciones de los funcionarios tuvieron como objetivo deslindarse de cualquier responsabilidad en un caso que ya es investigado por autoridades federales.
Al cierre de la conferencia, una de las asistentes acusó directamente al gobernador de ser responsable del crimen. Ante ello, Salomón Jara respondió únicamente:
“No comparto tu opinión”.
El asesinato de Alejandro Leyva, reconocido por mantener una línea editorial crítica hacia el gobierno de la primavera, ha provocado una fuerte reacción de distintos sectores sociales, periodísticos y políticos, que exigen una investigación imparcial, transparente y el esclarecimiento total de los hechos.
La indignación ha trascendido las fronteras de Oaxaca, colocando nuevamente en el centro del debate nacional la situación de riesgo que enfrentan periodistas y comunicadores en las 8 Regiones, así como la necesidad de garantizar condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión desde el nivel federal.
La investigación del homicidio fue atraída en su totalidad por la Fiscalía General de la República, instancia que tendrá a su cargo el desarrollo de las indagatorias para determinar las circunstancias del crimen y deslindar responsabilidades.
Foto: Agencia Fotoes
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