Mañana 28 de junio se cumplen 26 años de la masacre de Aguas Blancas perpetrada en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León contra indefensos campesinos del estado de Guerrero, solamente sería una más de las masacres impunes perpetradas en dicho sexenio.
Las ejecuciones extrajudiciales iniciaron en la Sierra Sur de Oaxaca a partir del 28 de agosto de 1996 en la región zapoteca de los Loxicha, el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados en Acteal, Chiapas, 45 indígenas tzotziles, hombres, mujeres, niñas y niños.
La sierra de Guerrero se teñiría nuevamente de rojo el 07 de junio de 1998 con la masacre de El Charco en Ayutla de los Libres. Justicia es una palabra que pierde todo su valor cuando, más allá del presunto juicio a los ex presidentes, se les ha cubierto siempre con la impunidad.
La historia de las masacres y la impunidad nos vienen de muy lejos, geográfica y temporalmente pues muy pocos conocen y, menos juzgan, la matanza de Cholula y la matanza del Templo Mayor, ambas llevadas a cabo por Hernán Cortés y sus huestes durante la conquista.
La impunidad ha sido el viejo signo de los tiempos para los perpetradores de las masacres y los responsables de las ejecuciones extrajudiciales masivas y/o selectivas a lo largo y ancho de nuestro país. El ascenso en los cargos políticos y/o militares es la recompensa.
Óscar Valencia García es un viejo y conocido paramilitar que ha operado como parte de la contra insurgencia social en la región de los Loxicha, la Sierra Sur y el Estado, Alejandro Murat Hinojosa lo acaba de recompensar con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO).
En suma, el gobierno paramilitar y terrorista de Alejandro Murat, lejos de reconocer la plena descomposición de su mandato, se exhibe y deja plantadas las exigencias ciudadanas sabedor de que cuenta con la complicidad del gobierno federal encabezado por López Obrador.
La vieja impunidad en Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca se ha trasladado también al centro y norte de la República. De las acciones de justicia solamente el discurso como en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, no se va al fondo del asunto.
No se quiere responsabilizar a los expresidentes de la negra herencia de terror y muerte ni se va al fondo del asunto para no juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército Mexicano. El crimen organizado sigue ganando terreno impunemente.
La violencia política no está separada de la violencia económica, por eso, quienes padecemos ambas violencia somos los pobres, los nadie de México, de la tierra; los que valemos menos que la bala que nos mata, menos que las bayonetas que nos empujan al exilio.
Los proyectos López Obrador y el gran capital siguen su curso en el sur con el Corredor Interoceánico del Istmo, en el centro con la termoeléctrica de Morelos pese a la ejecución de Samir Flores y en el norte con el Acueducto Independencia que apenas costó la vida a Tomás Rojo Valencia.
Seguimos exigiendo justicia para los huérfanos, viudas y deudos de la masacre de Aguas Blancas, Guerrero. Justicia para todas las víctimas de esta guerra sin cuartel que se ha declarado contra los pobres campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, obreros y líderes sociales.
¡Justicia para Aguas Blancas, Ya!
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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