Julisa Sánchez
Más de 7 meses han trascurrido desde el primer caso de Covid-19 en México, afectando seriamente la economía del País, incrementando así la inseguridad y la falta de justicia, de la misma manera el sector salud se encuentra colapsado ante las carencias denunciadas por el personal que se encuentra al frente de la batalla contra el mortal virus que ha arrebatado la vida de más de 80 mil ciudadanos a nivel nacional.
Las estadísticas de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) registran un total de 17 mil 513 casos acumulados y mil 479 defunciones, sin embargo, las cifras reales son mayores, ya que los casos no son registrados en su totalidad, dejando a pacientes sin prueba para la detección del Covid-19 o la atención hospitalaria por falta de espacios, muchos casos los pasan en casa y bajo sus propios remedios.
Solo pocos pueden acceder a la atención privada, pagan la prueba de detección del virus que va desde los mil 800 a 2 mil pesos, si se requiere la ventilación artificial y otros cuidados intensivos es necesario cubrir altos costos, solo el ingreso y hospitalización ascienden a los 80 a 150 mil pesos, medicamentos con precios de hasta 30 mil pesos, además de la renta de tanques de oxígeno y otros aparatos que permiten al paciente vulnerable al virus a contrarrestar los males de la enfermedad.
De la misma manera, el número de defunciones es mayor ante la falta de registros y pruebas en el sector salud.
Lo anterior ha sido denunciado de manera constante por parte del personal, que en algunos casos ya se han manifestado, obligando a los responsables de la salud a declarar recientemente que “no había dinero” para pagar bonos, como fue el caso del Subsecretario de finanzas de los SSO, Martín Matus Alonso, al declarar frente a la base laboral que no se contaba ni con 2 mil pesos. Horas más tarde, “presentó” su renuncia.
Por otra parte, los casos continúan en aumento dentro de un semáforo epidemiológico amarillo, que no cumple con las estadísticas para su operatividad en Oaxaca.
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