“NECESARIA LA PÉRDIDA DE REGISTRO DEL PES, RSP Y FSM PARA REAFIRMAR EL ESTADO DE DERECHO EN MÉXICO”

MTRO. HUGO ERNESTO CASAS REYES

desarrolloelectoraloaxaca@hotmail.com

Uno de los temas más preocupantes en México es la violación constante y sistemática de la ley, la existencia de privilegios y excepciones para evitar la aplicación de la norma, es una constante. Es claro, que en el discurso político del actual gobierno federal, se señala que dichos privilegios se están erradicando y que la aplicación de la ley, es un hecho garantizado, esto no es así, esta postura optimista e irresponsable no se sostiene en un simple análisis racional de situaciones concretas que pasan en el país en todas las materias, día a día. En los últimos tres años, ha sido una constante, la existencia de injusticias que observamos y que sufrimos los ciudadanos en carne propia, manifestándose desafortunadamente una clara ausencia del cumplimiento de la Constitución y de la ley.

Situaciones tan penosas como dejar en libertad al hijo de un narcotraficante buscado por autoridades nacionales y extranjeras, beneficiando y exceptuando a dicho personaje del cumplimiento de la ley, al no ejecutarse la orden de aprehensión respectiva en su contra, es un primer ejemplo de esta situación. Un segundo ejemplo, lo podemos ubicar cuando mediante acciones diversas, el gobierno busca tener más peso en la Suprema Corte de Justicia, mediante el ejercicio de una presión indebida para obtener una renuncia de uno de sus integrantes y colocar a incondicionales en el órgano máximo de justicia en México, independientemente que existan razones, sin embargo, no se puede negociar ilicitud con más ilicitud, además que nunca aclararon las razones para ese movimiento en la Suprema Corte, generando más que suspicacias fundadas de pactos políticos que se señalaba ya no existirían más en México.

Pero no podemos olvidar tampoco, como se modifican los requisitos para nombrar a personas incondicionales en diversos cargos, el ejemplo más claro de esta situación, se presentó cuando el Senado de la República, a iniciativa de la Morenista Citlalli Hernández Mora, aprobó modificaciones a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de esta forma, suprimir el requisito de ser mexicano por nacimiento, para poder aspirar al cargo de Director del Fondo de Cultura Económica, este cambio inesperado y hasta podríamos decir, fuera de lugar, hizo de Paco Ignacio Taibo, efectivamente, titular del Fondo de Cultura Económica, por un interés directo del presidente de la república y de Morena, sin que dicho personaje, cumpliera con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, lo cual se logró, modificando a conveniencia y en aras de una protección integral de los derechos humanos de las personas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este fue un primer, pero gran indicio de las intenciones y falta de respeto de Morena a las leyes.

Pero la prueba reina de la flexibilidad y el manejo a modo de la norma jurídica, fue el intento descarado de ampliar el mandato del gobernador de Baja California, lo cual

estuvo a punto de concretarse, así como proponer y fomentar la ampliación del mandato como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al ministro Zaldívar, señalándolo como el único funcionario capaz de generar las reformas al interior del Poder Judicial Federal que el país necesita, éstos, son solo ejemplos, de una gran lista de violaciones constantes y sistemáticas a la ley y a nuestra constitución que no deben ser toleradas en ningún caso. La Constitución es para limitar el poder, cualquiera que éste sea, no podemos justificar cambios a ellos sin que realmente las normas a modificar sean útiles, necesarias y de un acuerdo político real entre los partidos políticos mexicanos.

En este contexto, debería haber en México, una exigencia ciudadana puntual, al gobierno en turno, para hacer una realidad el tan anhelado estado de derecho, los ciudadanos debemos estar interesados en exigir a nuestras autoridades, de todos los niveles de gobierno, cumplir realmente en el ámbito de la práctica, con lo establecido en la Constitución y en las leyes mexicanas, sin distingo alguno, sin sujetar dicho cumplimiento, a negociaciones políticas obscuras y pactos leoninos, que traen consigo, el clásico pago de favores, que es corrupción al fin y al cabo, incluso, en materia de interpretación de los jueces, es preocupante el uso de los métodos interpretativos, la argumentación jurídica y la libertad sin límites del operador jurídico, en muchas de las ocasiones, como mecanismo para contrariar el contenido de la propia constitución y la ley, generando ventajas indebidas a personas, partidos políticos o corporaciones empresariales.

La materia electoral, no es la excepción, se ha dicho mucho en el discurso político, la frase célebre “un ciudadano un voto”, además de precisar y enarbolar, que la democracia y específicamente el voto, nos hace iguales a los ciudadanos, el día de la jornada electoral, por lo menos, al darle el mismo valor, al voto de un obrero que al de un ciudadano aspiracionista de clase media, o a un machuchón, como se refiere el presidente mexicano, al referirse despectivamente a empresarios y personas de altos ingresos.

En este contexto, efectivamente, la democracia nos iguala como ciudadanos, al darnos esa posibilidad de decidir nuestros gobiernos mediante nuestro voto, sin embargo, como conocedor de la materia electoral, considero importante señalar que en tratándose de la pérdida de registro de los partidos políticos nacionales Encuentro Social, Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas, el INE y el TEPJF en su momento, después de resolver los medios impugnativos entablados, deben declarar de manera sólida, la clara actualización de la causal de pérdida del registro de los tres partidos políticos nacionales antes referidos, evitando que mediante argumentos legaloides, dichos partidos, pudieran eventualmente conservar su registro, lo anterior, por una razón clara, la causal de pérdida de registro, por no alcanzar el porcentaje del 3%, debe respetarse, no debe ser negociable, no obstante, cualquier otro criterio garantista, que en su momento, los dirigentes de estos partidos políticos nacionales, pudieran hacer valer en algún medio impugnativo ante la Sala Superior del TEPJF.

A mayor abundamiento, es claro, que estos partidos políticos nacionales PES, FSM y RSP, no cuentan con el respaldo ciudadano suficiente para conservarse como opciones políticas nacionales, les falta ese clic con el electorado, no es una cuestión cuantitativa solamente, es lo mismo que les falte 100 mil votos para llegar al 3%, o que les falte 10 votos para dicho porcentaje, en este sentido, la voluntad popular se ha expresado en las urnas, estos tres partidos políticos no cuentan con el beneplácito popular para continuar en la vida política de nuestro país. Es lógico que el estado de derecho se fortalece cuando la voluntad popular se respeta, y el no contar con el 3% de apoyo popular en las urnas, significa que los ciudadanos no desean que estos tres partidos políticos nacionales continúen con existencia política al nivel federal con el respectivo financiamiento.

Sin embargo, en este contexto, que parece tan natural de una clara declaración de pérdida del registro de partidos políticos nacionales, que no alcanzan el porcentaje legal, han existido precedentes bastante nocivos al propio estado de derecho mexicano, la evasión del cumplimiento de la ley, la nula transparencia de los argumentos que sustentan diversas resoluciones, que han ayudado a algunos partidos políticos a conservar su registro, éstas han sido prácticas que desafortunadamente han existido y las debemos recordar para no repetirlas.

Las situaciones ilícitas y opacas de las que hablo en el párrafo anterior, van desde la conservación del registro del Partido del Trabajo en el año 2015, al obtener 2.99 % de votos válidos en la elección intermedia federal, lo cual implicaba la automática pérdida del registro, pero que milagrosamente, después de litigios poco claros, forzando la celebración de una elección extraordinaria en el distrito 01 federal, con sede en Aguascalientes, violentando de manera clara, el estado de derecho, al darle la posibilidad de acceder a los votos faltantes, tomando en cuenta la votación de la elección extraordinaria antes referida, situación que en aquel momento, no era viable jurídicamente y que de manera muy singular y mediante sendas sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fueron autorizadas, generando, en el plano de los hechos, una especie de fraude a la ley, toda vez, que además de esta situación, por si fuera poco, en la elección extraordinaria antes referida, en donde el Partido del Trabajo consiguió el umbral de porcentaje de conservación del registro, varios partidos políticos, no postularon candidatos, dando paso a la posibilidad de que el PT, pudiera obtener esos votos necesarios para su subsistencia política.

Pero si de fraude a la ley hablamos, y con este segundo ejemplo, termino el presente artículo, no podemos olvidar la turbia existencia del Partido Encuentro Social para la democracia mexicana, encabezada por Hugo Eric Flores, el PES nació como partido político local en Baja California, se señala y se dice muy fuerte y claro, que en el proceso de formación de este partido político nacional en 2014, se afilió corporativamente a la iglesia evangélica de aquella entidad, para poder lograr el registro de este partido, lo cual está prohibido en México para la formación de partidos políticos nacionales y locales.

Al respecto, al momento de decidir sobre su registro, al seno del Consejo General del INE, en aquel momento, se abordó el punto de la afiliación corporativa, sin embargo, la valoración final por parte de los Consejeros Electorales, pasaron por alto este causal de ilegalidad en la formación de este partido y obtuvo el registro nacional, junto con el Partido Humanista y Morena, en el año 2014. En las elecciones federales del 2015, el PES obtiene el 3.5 %, conservando su registro, pero llega el proceso electoral federal del 2018, obteniendo el 2.78% de la votación en la elección Presidencial, el 2.43% en la de Senadores por mayoría relativa, el 2.43% en la de Senadores por representación proporcional, el 2.51% en la de Diputados por mayoría relativa y el 2.50% en la de Diputados por representación proporcional, perdiendo su registro finalmente en septiembre del 2018.

Sin embargo, no obstante de haber perdido el registro en 2018, es decir, quedando sin personalidad jurídica, el Partido Encuentro Social, con complicidades en los órganos legislativos al más alto nivel, siguió ostentándose así, como legisladores del Partido Encuentro Social, siendo aceptados como tal, increíblemente, cuando éste partido dejó de existir en 2018, fue liquidado y no hay razón para poder seguir ostentándose como PES, lo cual en opinión de muchos analistas, se generó por la cercanía de este partido político a MORENA y al ejecutivo federal, como partido ganador en el 2018 y principal aliado. Esto es inusual y es por decir lo menos ilegal.

No aceptando nunca, de cierta manera, la pérdida de su registro, vuelven a participar en el proceso de formación de partidos políticos nacionales en 2020, en franca ventaja respecto a los demás partidos que aspiraban a convertirse en entes políticos nacionales, por ya contar con estructuras estatales y obviamente nacional, en el periodo del 2014, año en que obtuvieron su registro hasta la elección del 2018, en donde lo perdieron, dicho nuevo registro se decidió hasta enero del 2021, no obstante todo lo anterior, vuelven en este año 2021, a perder el registro, al obtener el 2.7% en la elección intermedia de la Cámara de Diputados.

En este contexto, retomando la idea principal de este ensayo, considero que los partidos políticos nacionales que no obtuvieron el 3% de la votación, no deben tener la posibilidad de subsanar la falta de votos con ningún mecanismo legaloide no regulado hasta el momento, ni poder ser tutelado mediante criterios garantistas o maximizadores de sus derechos, por parte del TEPJF, ya que de lo contrario generamos privilegios para algunos, en este caso, para dirigencias nacionales partidistas, que no pueden ni deben estar exceptuados del cumplimiento de la ley ni deben violentar la voluntad popular y el estado de derecho. Esta muy claro, que partidos políticos como el PES, no tienen cabida en el Sistema de Partidos Mexicano, no le hacen bien a nuestra democracia, y no se les debe permitir, si lo quieren volver a intentar, seguir con las mismas siglas en un claro fraude a la ley.

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