Los responsables de la desaparición de los 43 Normalistas durante el ataque armado en Iguala, Guerrero, fueron detenidos; son el alcalde y su esposa, dijo en entrevista.
Said Hernández
La diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmelita Ricárdez Vela, condenó los actos vandálicos realizados en la sede del PRI en Oaxaca, durante la marcha del 17 de Noviembre convocada por la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), en apoyo a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, luego del ataque armado del pasado 26 de Septiembre en la comunidad de Iguala, Guerrero, en donde perdieron la vida 6 personas.
Carmelita Ricardez, aseguró que hay grupos que intentan a través de acciones violentas, generar un clima de inseguridad en el País.
“Es evidente que se trata de generar un clima de violencia e inestabilidad, no solo en Oaxaca, si no en el País, están tratando de provocar una reacción, un enfrentamiento. El Caso Ayotzinapa, a todos nos dueles, nos indigna, pero ya están presos los responsables, son el alcalde de esa comunidad, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes además tienen nexos con la delincuencia organizada”, dijo la diputada del PRI.
Y remarcó:
“El Gobierno de la República, lo único que ha hecho, es investigar y apoyar en la búsqueda, y le exigen que los regrese como si él fuera el responsable”.
En ese sentido, responsabilizó de los actos violentos y disturbios en el país, a la “delincuencia organizada”, recordando lo que sucedió en el año 2006 en Oaxaca.
“En Oaxaca hay una gran impunidad, es necesario empezar a poner orden, aunque eso implique el uso de la fuerza pública, para eso se creó, para poner orden donde hay desorden, si hay vándalos que roban gasolina, que entran a la tienda a robarse las cosas es necesario aplicar la ley”, expresó la Legisladora.
Por otra parte, celebró la postura del Presidente Nacional del PRI, Manuel Camacho Solís, para que los futuros Candidatos a Diputados por parte del tricolor, se sometan a una exhaustiva investigación de sus bienes y estado de salud, para descartar cualquier vínculo con la delincuencia y sean dignos del cargo.
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