Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional propusieron un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigue y sancione a los responsables de la venta de niños con fines de adopción en el estado de Sonora.
Los legisladores hicieron un llamado para que los responsables del delito, por acción u omisión, sean castigados, y sirva como antecedente para inhibir la posibilidad de casos semejantes en el futuro.
La investigación debe ser en observancia al principio del interés superior de la niñez, señalan los senadores del PRI en el punto de acuerdo; lo anterior, en beneficio de los nueve menores, recién nacidos y hasta de cuatro años, que fueron inscritos bajo estas circunstancias en el registro civil de Sonora.
Hasta el pasado 2 de septiembre, tres niños permanecían en la Casa Hogar Unacari del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el estado de Sonora, donde son víctimas de incertidumbre y afectaciones psicológicas, derivadas de la separación de los padres adoptivos, sentenciaron los senadores.
En el documento se señala que la compraventa de recién nacidos no tiene ningún tipo de justificación o paliativo, por lo que todas las partes implicadas deben responder por la comisión de esta conducta antijurídica.
Enfatizaron en que fueron violados los derechos humanos de los menores al ser entregados a cambio de una transacción económica.
Destacan que hasta el momento se han girado 16 órdenes de aprehensión por los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, y sustracción y tráfico de menores, de las cuales sólo se han ejecutado ocho.
Dos órdenes de aprehensión están dirigidas a funcionarios estatales: José Manuel Hernández López, abogado de la Unión Ganadera de Sonora, y Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Sonora y encargado de la Línea Protege; aún no han sido detenidos.
En relación a estos últimos, ambos son acusados por la comisión de diversos delitos, entre los que se encuentran: incumplimiento de un deber legal, suposición, supresión, ocultación y sustitución de un infante, sustracción y tráfico de menores e incapaces.
El punto de acuerdo fue turnado a las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos para su análisis.
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