Julisa Sánchez
Es sabido de los grandes ingresos económicos de los municipios conurbados de la Ciudad de Oaxaca a través de los operativos viales en contra de motociclistas, principalmente. Actos de molestia que violan los artículos constitucionales 14 y 16, en donde expresa la Carta Magna que “ninguna persona puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, sumando, a que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”, es decir, la “retención” de las motocicletas por infringir el reglamento de tránsito se impone a través del abuso de autoridad, violentando lo estipulado en la Ley Suprema.
Nada justifica, de manera legal, la retención del vehículo de motor por una simple infracción, como ejemplo: el no usar casco, el llevar tres pasajeros, el no tener placa o documentación de la motocicleta (para eso existe el Registro Público Vehicular). En ese sentido, las acciones que realizan los agentes de tránsito o de vialidad llevan un objetivo, el obtener fuertes ingresos económicos en multas, sin que el ciudadano pueda tener alguna opción de infracción únicamente, que pudiera pagar en los días siguientes y evitar la retención de su propiedad.
El gran negocio
Es evidente el gran negocio entre las autoridades municipales y los prestadores de servicios de grúa, que cobran un “arrastre doble” al infractor que supera los mil 500 pesos, cantidad que se aumenta con el cobro de la infracción y del corralón, siendo una suma superior a los 6 o 7 mil pesos por unidad retenida. Lo visible y evidente en los operativos es que en una solo grúa se suben hasta 20 motocicletas, sin que hasta el momento se tenga un total del ingreso general de los últimos años por este tipo de operativos y su destino.
Las infracciones o las solicitudes de recibos de pago o facturas, son negadas de manera prepotente para los solicitantes, en especial a los que caen en el alcoholímetro, en algunos casos hasta les ofrecen descuentos para salir pronto de las celdas municipales, de lo contrario tienen que pasar la noche privados de su libertad y además pagar una multa de 12 a 14 mil pesos para ser liberados.
Tampoco existe un registro de los prestadores del servicio de grúa que permita al infractor escoger a la empresa de su agrado para evitar el alto costo, cabe explicar que un arrastre de grúa no supera los 600 pesos en la distancia de un operativo a las oficinas de tránsito.
Otro abuso por la autoridad conocido es el cobro extra de maniobra, aplicado cuando el conductor se resistirse a entregar su vehículo en estos operativos, donde además es bajado como delincuente de su propiedad privada por los elementos de seguridad, consumando la violación de los derechos humanos.
Congreso de Oaxaca, sin legislar a favor de los derechos humanos
Mientras tanto, en el Recinto Legislativo de Oaxaca, los diputados en su mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) nada han hecho ante esta situación de abuso de autoridad, es decir, no han presentado alguna iniciativa de Ley de Transito Estatal que sea útil para combatir la corrupción de estos operativos en las 8 Regiones, mucho menos se ve la voluntad política para exhortar la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de Oaxaca a integrar una reglamentación que vincule a todos los sectores mencionados para mejorar la vialidad y la obediencia de los “reglamentos” de tránsito.
Por el contrario, extiende licencias al por mayor sin hacer exámenes de manejo, como en otras épocas, asimismo, existen cientos de gestores que te pueden evitar los engorrosos trámites burocráticos, situaciones que han provocado homicidios culposos y tragedias familiares, mismas que quedarán en la conciencia de los que otorgan permisos para conducir sin saber las reglas y responsabilidades básicas de una vialidad.
Voraces operativos
Mientras tanto los municipios que no perdonaron la grave crisis económica por la que atraviesan miles de familias provocada por la pandemia son Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, comunidades en que ni los operativos, ni los esfuerzos policíacos han logrado disminuir la delincuencia, por el contrario, va en aumento con registro de 5 a 6 robos de motocicletas por día.
Muchos ciudadanos no pudieron quedarse en casa, por el contrario, tienen que arriesgar su vida al conseguir el sustento que es arrebatado por estos abusos de autoridad, quienes lastiman más su economía quitándoles su medio de transporte.
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