Miradas de reportero
Por Rogelio Hernández López
Hicimos mal varias cosas en 2012 quienes impulsamos la Ley de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y el mecanismo federal de protección. Una fue forzar a funciones policiales a la secretaria normativa y rectora de políticas públicas.
Hoy, a 7 años de la creación de la ley y su instrumento de protección cautelar, en la Secretaría de Gobernación, no se han frenado los agravios y asesinatos contra estas poblaciones. Son meros paliativos, como acusa la ONU y reconocemos muchos.
Igual o peor de inútiles son las 20 leyes estatales que también pretendieron tutelar a periodistas y defensores. Se necesita un giro radical.
¿Nueva ley?
Desde agosto de 2018 una de las corrientes de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos y uno que otro periodista impulsan otra versión de la misma ley y hasta la quieren magnificada.
Es posible que en las últimas sesiones del periodo actual la Cámara de Diputados se presente formalmente tal iniciativa con el nombre de Ley General para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y Sancionar los delitos contra Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. (los subrayados son de este reportero).
Se entienden y son respaldables las intenciones de estas Ongs, impulsadas por la impotencia y desesperación que causan la continuidad de los agravios. Pero su proyecto, lleva el mismo sentido cautelar que la ley anterior, y agregarle 32 mecanismos, fiscalías, comisiones de atención a víctimas. Más burocracia y sin garantías de recursos humanos y financieros.
Para que una ley cualquiera pueda aplicarse y tender un manto protector se requieren al menos tres cosas: pertinencia y viabilidad para su institucionalización, voluntad política verdadera y el respaldo activo de la o las poblaciones a las que reconozca derechos como parte de un apoyo social extendido. Eso no lo hemos tenido con la ley actual.
Mejor los foros
El Espacio de Organizaciones Sociales y Civiles (OSC) para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, integrado por 20 organismos nacionales e internacionales demandó, el 11 de abril, realizar un ciclo de foros estatales, regionales para concluir en un gran foro nacional. Quieren que en los foros se analice cuáles pueden ser el marco normativo como las políticas públicas para la protección integral de ambas poblaciones, ya no solo cautelar.
La propuesta es muy buena. Ayudaría a clarificar la pertinencia de una nueva ley o varias. Y, más allá de eso la jornada de discusión apoyaría a construir un andamiaje legal y político muy distinto a lo que existe hoy para que la protección sea realmente integral. Veamos.
Ese frente de organismos propone que los foros sean tutelados por dos comisiones de la Cámara de Diputados, la CNDH, la subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob y su mecanismo de protección, más la Comisión de Atención a Víctimas.
Esas instancias son pocas si se quiere construir voluntad política, pertinencia y respaldo social para las políticas públicas indispensables para un tema tan vital para la convivencia social y la democracia. Esas jornadas necesitarían más promotores y convocantes que acepten compromisos y los cumplan.
Del Estado, se requiere también la participación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las comisiones especializadas de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, de la Fiscalía General de la República, de la nueva Secretaría de Seguridad, congresos y procuradurías locales.
La otra condición es el respaldo social. Se tiene que involucrar a las decenas de redes de autoprotección y organizaciones de periodistas que han estado ajenas a este proceso. Son necesarias esas Ongs de derechos humanos de la OSC y la incorporación de otras corrientes de defensores nacionales e internacionales.
Que comience la Segob
Una coincidencia en todos los análisis es sobre el incumplimiento del Estado en la protección a estas dos poblaciones, que fue demasiado insuficiente la voluntad política de tres presidentes de la República (Fox, Calderón y Peña).
Igual hay convergencia crítica sobre la concepción limitada de las leyes e instrumentos que crearon una fiscalía especial que no investiga y omitió la atracción de casos, de la operación limitada a lo cautelar y policiaco del mecanismo federal que nunca logró la coordinación con los gobiernos estatales y no pudo diseñar una estrategia nacional de prevención.
En abril de 2019 hay condiciones diferentes para que el presidente de la República tome decisiones radicales al respecto, para que se haga más efectiva la reorientación que dio a la Secretaría de Gobernación como rectora de políticas públicas en derechos humanos.
El nuevo gobierno por medio de la Segob y la Subsecretaria de Derechos Humanos tienen frente a sí la posibilidad inmediata de asumir la rectoría para estimular otras normas y políticas de Estado en todo el país.
Este sería el marco necesario para la reorientación y reestructuración a fondo e inmediata del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y su Coordinación Ejecutiva sin cambiar la ley.
Para la operación inmediata se tendrían que hacer vigentes las obligaciones legales que tiene la unidad de prevención del mecanismo de protección para que desde allí se impulse y coordine la construcción de estrategias específicas con respaldo social, se impulse la coordinación intersecretarial del Ejecutivo federal y sinergias de actuación de los tres niveles de gobierno
Hay que insistir en que a un programa especial de prevención le resulta indispensable una mayor vinculación con periodistas organizados y empresas de periodismo, con más coaliciones de defensores y la cooperación sincera de universidades, empresas y organismos internacionales.
Esa necesaria rectoría de la Segob puede arrancar bien con los foros que propone el frente de la OSC. (rogeliohl111@gmail.com).
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