Armando Linares López fue ejecutado en su domicilio el 15 de marzo en Zitácuaro, Michoacán a pesar de que había denunciado amenazas de muerte. Era director del portal Monitor Michoacán. Mes y medio antes habían asesinado a su colaborador Roberto Toledo.
La escalada violenta contra periodistas, personas defensoras de Derechos Humanos y ambientalistas sigue cobrándose nuevas vidas ante el imperante clima de impunidad, complicidades, corrupción e inoperancia de mecanismos, funcionarios, políticos, policías y militares.
Descalificar el trabajo periodístico por el enfrentamiento directo de Andrés Manuel López Obrador en su calidad de presidente de la República con medios y personajes ligándolos a lo que llamó Mafia del Poder está lejos de garantizar la seguridad a periodistas y personas defensoras.
Sin embargo, argumentar que no son responsabilidad del Estado mexicano las ejecuciones extrajudiciales, la persecución y la indefensión a que son sometidos corresponsales, periodistas, personas defensoras de Derechos humanos y ecologistas, falta a la verdad.
El Estado mexicano, es responsable por comisión directa o por omisión del clima de violencia y la operación de bandas criminales que son parte del crimen organizado a nivel nacional donde el Ejército Mexicano, lejos de ser la solución, históricamente se ha convertido en el problema.
El periodista oaxaqueño Ricardo Flores Magón fue asesinado en un calabozo de la prisión de Leavenwort, Kansas en los Estados Unidos. Su pluma crítica atentaba contra el capitalismo y los intereses de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y su dominación en México.
Hoy, cuando el mundo enfrenta nuevamente el riesgo de una Tercera Guerra Mundial, los periodistas como los civiles ucranianos o de cualquier otro país en guerra, como México, se convierten en carne de cañón mientras las multinacionales de la guerra aumentan sus ganancias.
Negar la existencia de una guerra contra el pueblo en México es negar la existencia de más de 100 asesinatos diarios, las más de 100 mil personas desaparecidas, los enfrentamientos diarios de los grupos criminales por el control político, económico y territorial en la República.
La foto periodista María del Sol Cruz Jarquín, hija de la reconocida periodista y defensora de Derechos Humanos, Soledad Jarquín Edgar, fue asesinada el 02 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza junto con la candidata a concejal Pamela Terán y el chofer Adelfo Jiménez Guerra.
Estos dos feminicidios se suman a los más de 600 asesinatos feminicidas en el sexenio de Alejandro Murat que en este rubro ha superado a su antecesor el también represor, Gabino Cué Monteagudo. La impunidad, la corrupción, la complicidad y la inoperancia son la constante sexenal.
Las ejecuciones extrajudiciales de líderes políticos y sociales, la opacidad, el robo descarado de los recursos públicos, la entrega de los recursos naturales y la concesión indiscriminada para satisfacer los megaproyectos transnacionales son la marca personal del muratismo en Oaxaca.
Andrés Manuel López Obrador es cómplice obligado de quien zalameramente se pliega a sus designios para evadir responsabilidades y posicionar política y económicamente a quienes acompañan al muratismo en sus aventuras políticas a costa de las y los oaxaqueños.
Tiempo de desamordazarse y, ahora que decirse juarista se pone de moda, gritarle a los gobernantes: “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan.” Como siempre, los pueblos ponen los muertos, sólo queda vivir y morir con dignidad.
Desde un rincón del exilio,
Juan Sosa Maldonado
Defensor de Derechos Humanos
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