Oscar Rodríguez
El Procurador de Justicia de Oaxaca Joaquín Carrillo Ruiz, afirmó que hay pendientes de ejecutar otras 29 órdenes de aprehensión contra igual número de ex funcionarios del régimen del ex gobernador Ulises Ruiz, acusados de peculado. Dijo que la mayor parte de los implicados se encuentran prófugos de las justicia, con amparos otorgados por la justicia federal.
Joaquín Carrillo Ruiz, aceptó que Bulmaro Rito Salinas ex Coordinadora del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade), detenido la noche del jueves, tendría el beneficio de la libertad bajo caución o pago de fianza, ya que el delito de peculado no está tipificado en el Código Penal de Oaxaca como grave.
Aceptó que pese a que el juez que analiza el caso le otorgue la libertad bajo fianza, se buscará a través del Ministerio Público interpelar la resolución, a fin de que se considere dejar en prisión al presunto implicado, ya que los delitos que cometió cuando fue servidor público fueron dolosos.
“Lamentablemente en el Código Penal de Oaxaca, que fue reformado en el régimen de Ulises Ruiz, se hicieron adecuaciones para tipificar el delito de peculado como no grave, por lo que el implicado podría obtener su libertad caucioal”.
Agregó que en las próximas 48 a 72 horas, el juez que libró la orden de aprehensión, tendrá que determinar la procedencia de la libertad, luego de cubrir una fianza que quedaría a criterio del juzgador, en base a la reparación del daño, obligaciones y multa.
De acuerdo al expediente penal, el ex funcionario estatal habría cometido un quebranto financiero de poco más de 5 millones de pesos, por lo que la multa estaría regida en este concepto.
El titular de la PGJO lamentó que los diputados no hagan su trabajo y reformen la ley para tipificar como grave el peculado, “es verdaderamente lamentable, pero yo no hago las leyes, solo las aplico”, expresó el Procurador.
Rechazó que la detención del ex funcionario estatal tengan connotaciones políticas, advirtiendo que el proceso penal instaurado en su contra, fue la conclusión de un proceso de investigación realizado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que incluso inhabilitó hasta por 15 años y aplicó una multa de 150 mil salarios mínimos, por el peculado cometido en prejuicio del erario estatal.
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